El concejal de Servicios Públicos -Antonio Puche- ha desmentido las acusaciones de la organización ecologista en relación a falta de autorizaciones de la escombrera municipal
Ecologistas en Acción -a través de un comunicado de prensa- ha explicado que "en 2005 no se legalizó, como afirma el edil, la escombrera por parte de la Comunidad Autónoma. Lo que ocurrió es que el ayuntamiento obtuvo la autorización ambiental [1]. Pero esto es sólo uno de los pasos necesarios para obtener finalmente la licencia de actividad como gestor de residuos. Y la licencia de actividad no se obtuvo."
Y la prueba más evidente de ello es que, explican, "en marzo de 2009, tras una inspección realizada en la escombrera, se abrió un expediente sancionador a la Generala (empresa que la ha gestionado hasta ahora) porque la actividad se estaba llevando a cabo sin la preceptiva autorización (expediente sancionador SCA 57/09)"
Por tanto, afirman, "es totalmente cierto lo que denunciamos. Esto es, que la escombrera de Yecla no solamente lleva años funcionando sin estar autorizada, sino que nunca lo ha estado".
El concejal de Servicios Públicos también ha querido desmentir lo expresado por el grupo mostrando un informe sobre vertederos de Ecologistas en Acción [2] de marzo de este año en el que, en palabras del edil popular, "no se mencionaba ninguno de los hechos ahora expuestos."
La razón es bien sencilla, explican, y es que "es tras la presentación del citado informe cuando llegamos a conocer con exactitud que la escombrera de Yecla era ilegal. Por eso es en abril de 2010 cuando denunciamos por escrito esta circunstancia ante el SEPRONA, ante la Consejería de Agricultura y Agua, e incluso ante el propio ayuntamiento del que forma parte Puche"
Para los ecologistas, "en lugar de intentar desmentir a nuestra organización, lo deseable sería que el ayuntamiento de Yecla diera explicaciones sobre cómo se ha podido realizar durante todos estos años una tan nefasta gestión de la escombrera municipal"
Finalmente, Ecologistas en Acción subraya "la necesidad urgente de una planificación regional en esta materia y en coordinación con los ayuntamientos, para evitar que sean precisamente las administraciones locales las primeras en incumplir la legalidad, cuando deberían ser el ejemplo a seguir para la sociedad y el mundo empresarial."