Izquierda Unida-Verdes Yecla ha manifestado su oposición a la utilización de fondos públicos para reparar los desperfectos ocasionados por el viento en la cúpula de la Basílica de la Purísima. Frente a la postura del resto de grupos municipales, que han solicitado la intervención económica de las administraciones, la formación de izquierdas exige el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de Patrimonio Histórico, la cual atribuye la responsabilidad de conservación y financiación única y exclusivamente a su propietario: el Obispado de Cartagena.
Alberto Martínez, portavoz de IU-Verdes, ha señalado que "no es admisible que las administraciones públicas actúen como la aseguradora a todo riesgo de una institución privada que cuenta con cientos de millones de presupuesto anuales y exenciones fiscales". Desde el partido recuerdan que la Iglesia Católica actuó con enorme celeridad para inscribir a su nombre este y otros templos, aprovechando resquicios legales para escriturar propiedades que históricamente habían sido mantenidas por el pueblo. "Igual que fueron rápidos para erigirse en propietarios únicos y excluir al dominio público de la titularidad, ahora deben ser igual de responsables para asumir las cargas económicas que esa propiedad conlleva", sentencia Martínez.
Desde Izquierda Unida fundamentan su exigencia en la legislación vigente. En concreto, aluden a la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, cuyo artículo 8.1 establece que los propietarios de Bienes de Interés Cultural (BIC) tienen la obligación de "conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su destrucción o deterioro". Asimismo, recuerdan que la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 36, reitera el deber de los titulares de derechos reales de conservar, mantener y custodiar dichos bienes.
En este sentido, IU-Verdes exige a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma el agotamiento de la investigación oficial para establecer las causas de los desprendimientos. La formación quiere esclarecer si los daños son únicamente fruto de un caso fortuito o si, por el contrario, responden a una falta de mantenimiento continuado por parte del Obispado.
Martínez advierte que "la Ley de Patrimonio Regional tipifica como infracción grave en su artículo 74 el incumplimiento del deber de conservación cuando de ello se deriven daños para los bienes protegidos". Por tanto, de confirmarse una negligencia en el mantenimiento preventivo de la cúpula, IU exige que se depuren responsabilidades y se incoe el correspondiente expediente sancionador, en lugar de "premiar" la desidia con subvenciones públicas.
Para la formación de izquierdas, la actitud de la jerarquía eclesiástica es "especialmente sangrante" si se compara con su comportamiento en el conflicto que mantienen con AMPY. Recuerdan que la Iglesia se ha negado reiteradamente a elevar a escritura pública unos simples acuerdos privados de cesión de terrenos, bloqueando así servicios esenciales para personas con discapacidad bajo una interpretación férrea de sus derechos de propiedad.
"Estamos ante un ejercicio de hipocresía gigantesco", denuncia Alberto Martínez. "La misma Iglesia que lleva años ahogando a AMPY, exigiendo un cumplimiento draconiano y egoísta de la ley para bloquear una labor social, ahora no tiene vergüenza para poner la mano y pedir la caridad del dinero público para sus edificios". Desde IU sostienen que el Obispado "es muy exigente con la ley cuando le beneficia para asfixiar un servicio público, pero muy laxo cuando le toca rascarse el bolsillo para mantener su patrimonio".
Finalmente, desde IU-Verdes critican la postura "complaciente" del resto de la Corporación. Acusan a PP y Vox, así como al PSOE, de actuar como "gestores de la Iglesia" en lugar de velar por el erario público. "Mientras otros partidos corren a pedir dinero de todos los yeclanos y murcianos para pagar las facturas del Obispado, nosotros exigimos que se aplique la misma receta que la Iglesia aplica a los demás: cumplimiento estricto de la ley y que asuma sus responsabilidades", concluye el portavoz.