El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes ha presentado un contundente escrito de alegaciones contra la Ordenanza N.° 14 que regula la tasa por la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Yecla. Alberto Martínez, portavoz del grupo, ha denunciado que la norma "incumple el mandato legal de 'quien contamina paga', carece de justificación económica e incurre en desigualdades injustificadas".
Martínez ha señalado que la ordenanza viola la Ley 7/2022, que exige que las tasas reflejen el coste real del servicio y se basen en criterios objetivos como la generación de residuos. "El Ayuntamiento ha trasladado mecánicamente a la ordenanza un padrón de actividades elaborado por la concesionaria del servicio de agua, sin estudios que justifiquen las cuotas. ¿Cómo puede un despacho profesional pagar 200 euros trimestrales y un colegio de titularidad privada con cientos de alumnos solo 150? Es arbitrario y discriminatorio", ha afirmado.
El portavoz ha subrayado que la memoria económica "no ha detallado cómo se han calculado las cuotas, incumpliendo jurisprudencia del Tribunal Supremo". Por ello, IU-Verdes solicita la nulidad del procedimiento y, en caso contrario, un recálculo transparente de las tarifas.
La ordenanza equipara a asociaciones sin ánimo de lucro con centros educativos, imponiéndoles 600 euros anuales. "Mientras las asociaciones festivas pagarán 200 euros anuales, las culturales o sociales sufrirán una carga desproporcionada. Esto desincentiva el tejido asociativo y menosprecia su función social", ha criticado Martínez.
En hostelería, la norma ignora criterios como el aforo o los metros cuadrados. "Un bar de copas paga el doble que uno con comida, pese a generar menos residuos alimentarios. Y una cafetería pequeña paga lo mismo que una grande. Es injusto y discriminatorio", ha añadido.
IU-Verdes también rechaza las bonificaciones propuestas por la derecha: "Un 11% para familias numerosas son 4 euros, anecdótica. Proponemos un 39% para rentas inferiores al SMI, para que su cuota permanezca en los 22 euros trimestrales, y extender las ayudas a personas jubiladas vulnerables a todas las unidades familiares en pobreza", ha explicado el portavoz. Además, denuncia que la ordenanza ignora la bonificación por reducir desperdicios alimentarios, prevista en la ley estatal.
Entre las soluciones, IU-Verdes pide:
Sistemas de pago por generación, con descuentos por usar puntos limpios o compostar.
Mayores bonificaciones para familias con bajos ingresos.
Y que las cuotas de los pequeños negocios se recalculen en base a criterios objetivos, económicos y no discriminatorios.
"Esta ordenanza es un parche que aplica mal una ley estatal y que, además, perjudica a pequeños negocios, familias vulnerables y asociaciones. Exigimos que la elaboración de la ordenanza comience desde cero, que se elabore mediante la participación de la ciudadanía y en la que los criterios sociales tengan mucho más peso", ha concluido Martínez.
