Izquierda Unida-Verdes denuncia que el personal de limpieza de los colegios y otros edificios municipales lleva dos meses sin cobrar sus nóminas. Desde la formación política señalan que, a pesar de esta situación, todas las trabajadoras han seguido acudiendo a sus puestos de trabajo, lo que ha permitido mantener la calidad del servicio sin que se haya resentido.
La coalición de izquierdas recuerda que la mayor parte del servicio de limpieza está privatizada, mientras que la pequeña parte que sigue siendo pública no se ha visto afectada por estos impagos. En este sentido, detallan que el contrato fue adjudicado el año pasado por un importe total de 2.925.052,37 euros, con una duración inicial de dos años, lo que supone que el Ayuntamiento abona 804.389,4 euros anuales a la empresa contratada. Además, precisan que el Ayuntamiento de Yecla ha cumplido con el pago de las facturas de forma puntual y que el impago de los salarios se debe única y exclusivamente a la negligente gestión de la empresa adjudicataria del servicio.
Desde Izquierda Unida-Verdes comentan que "los administradores de la empresa no dan señales de vida" y no están respondiendo a los requerimientos realizados por el Consistorio. También destacan que resulta especialmente relevante que las trabajadoras de esta misma empresa que prestan servicios en en otros ayuntamientos tampoco están recibiendo sus nóminas, lo que les hace pensar que "probablemente la empresa no tenga ninguna intención de hacerse cargo de las deudas contraídas con su plantilla".
En este contexto, explican que el Ayuntamiento de Yecla ha comenzado a dar los primeros pasos para proceder a la rescisión del contrato vigente. Sin embargo, denuncian que "el Equipo de Gobierno municipal no está realizando las acciones suficientes para proteger adecuadamente a las trabajadoras afectadas". Según IU-Verdes, con las medidas que está adoptando actualmente el Consistorio, las empleadas pueden quedar en un limbo legal, ya que seguirán siendo formalmente trabajadoras de la empresa morosa mientras peligra su continuidad en el servicio. En este punto, recuerdan que el Estatuto de los Trabajadores establece con claridad que el Ayuntamiento tiene responsabilidad solidaria en el pago de los salarios, y que además la eventual rescisión del contrato o el cambio de empresa adjudicataria no extinguiría por sí misma la relación laboral existente.
La formación política explica que "el mismo día en que tuvimos conocimiento del impago de las nóminas de junio y de la paga extraordinaria, solicitamos formalmente a la Alcaldesa en una comisión informativa, dejando constancia en acta, que adoptara todas las medidas posibles para ayudar a las más de 30 familias afectadas por esta situación". No obstante, indican con preocupación que "han transcurrido más de tres semanas desde entonces y absolutamente nada ha cambiado: las trabajadoras continúan sin percibir sus salarios y nadie les ha ofrecido solución alguna a su situación".
Asimismo, alertan sobre el peligro que corre la prestación del servicio de limpieza en los centros educativos coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar. Explican que un proceso de licitación para un servicio de estas características suele prolongarse durante varios meses, por lo que consideran que el Equipo de Gobierno se verá obligado a elegir entre dos opciones igualmente problemáticas: por un lado, la realización de contratos menores segmentados, que estarían prohibidos por la legislación vigente; o por otro, la relajación de importantes salvaguardias anticorrupción mediante la aplicación de procedimientos urgentes o de emergencia.
Desde la formación insisten en que "ninguno de estos problemas hubiera surgido si el servicio no estuviera privatizado". Como ejemplo, señalan el caso de la parte del servicio que sigue siendo pública, donde "las empleadas cobran sus nóminas con completa normalidad, disfrutan de buenas condiciones laborales y además prestan un servicio de reconocida calidad". Por todo ello, enfatizan que la mejor solución tanto para las trabajadoras como para garantizar la calidad del servicio pasa porque el Ayuntamiento no vuelva a subcontratar con otra empresa privada, sino que proceda a la municipalización directa del servicio manteniendo en sus puestos al mismo personal. Subrayan que esta medida permitiría al Consistorio ahorrar recursos económicos, mejoraría sustancialmente las condiciones laborales de las empleadas y garantizaría la continuidad del servicio sin depender de las malas prácticas de empresas cuyo único objetivo es maximizar sus beneficios económicos. En cualquier caso, desde IU-Verdes dejan claro que defenderán que "independientemente de la fórmula que se adopte, las trabajadoras que finalmente sean contratadas deben ser las mismas que vienen realizando este trabajo hasta la actualidad".
