El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes ha denunciado el "caos administrativo" y el malestar generalizado que se está viviendo en Yecla tras la llegada de los primeros recibos de la nueva tasa de basuras. Tal y como advirtió la formación, decenas de contribuyentes, incluyendo pequeños comercios, empresas y asociaciones sin ánimo de lucro, están recibiendo liquidaciones con importes desorbitados debido a errores en la clasificación de su actividad económica.
Desde Izquierda Unida señalan que esta situación no es fruto de la casualidad, sino de la mala gestión política del Equipo de Gobierno, que decidió ignorar sistemáticamente las advertencias realizadas durante la tramitación de la ordenanza. En concreto, IU recuerda que en su escrito de alegaciones presentado en junio ya avisaron de la "imposibilidad de los obligados tributarios de alegar o reclamar el padrón fiscal" antes del cobro, una carencia que ahora está provocando un colapso de quejas en el Ayuntamiento.
Alberto Martínez, portavoz de Izquierda Unida-Verdes, ha sido contundente al respecto: "Estamos ante la crónica de un desastre anunciado. En nuestras alegaciones a la ordenanza explicamos claramente que no se podía girar un cobro masivo basándose en datos antiguos o incorrectos sin dar antes un plazo a los vecinos para corregir errores. Pedimos que se habilitara un periodo de consulta previo para evitar exactamente lo que está pasando hoy: que a una pequeña oficina se le cobre como a una gran industria o que a una asociación se le aplique una tarifa comercial. El PP rechazó nuestra propuesta y ahora son los yeclanos quienes pagan su mala gestión".
El origen del conflicto, según denuncian desde la formación, radica en la decisión del Ayuntamiento de utilizar como base para la tasa el padrón de la empresa concesionaria del servicio de agua potable, Aqualia. Izquierda Unida critica que se haya delegado la confección de un censo tributario público en una empresa privada cuyos datos no tienen por qué coincidir con la realidad fiscal de las actividades económicas.
"Es una chapuza administrativa. Se ha clasificado a los contribuyentes basándose en los contratos de agua de Aqualia, una entidad que no se dedica a realizar censos fiscales. Esto ha provocado disfunciones absurdas y arbitrarias. Nos estamos encontrando con despachos profesionales con apenas residuos que pagan más que industrias con cientos de metros, o asociaciones sin ánimo de lucro que están recibiendo recibos de más de 150 euros trimestrales, una cantidad totalmente desproporcionada y arbitraria que pone en riesgo su labor social", explica Martínez.
Lo más grave para Izquierda Unida es que, al no haber aplicado su alegación, ahora los ciudadanos se ven obligados a entrar en una espiral burocrática. Los afectados deben pagar primero o enfrentarse a recargos, y posteriormente presentar un recurso de reposición para intentar demostrar que el Ayuntamiento se ha equivocado, un proceso que podría haberse solucionado con una simple comprobación censal hace meses.
"Han convertido un trámite administrativo en un problema para el comerciante y el vecino. En lugar de hacer los deberes y elaborar un buen censo tributario, decidieron tirar por el camino de en medio usando los datos de Aqualia. Ahora, la consecuencia es una avalancha de reclamaciones que va a suponer un daño económico injusto a muchos negocios locales que ya tienen bastantes dificultades para llegar a fin de mes", añade el portavoz.
Desde Izquierda Unida exigen al Equipo de Gobierno que pida disculpas públicas a los afectados, reconozca el error de no haber fiscalizado el padrón antes de girar los recibos y habilite una vía de urgencia para la devolución de oficio de las cantidades cobradas indebidamente, sin obligar a los vecinos a acudir a una burocracia lenta por un fallo de la administración. "La idea de quien contamina paga que marca la ley se ha pervertido aquí por paga lo que diga Aqualia, y si está mal, ya reclamarás", concluye Martínez.
