CCOO denuncia el desamparo de las limpiadoras de Yecla y exige al Ayuntamiento el pago inmediato de los salarios adeudados

La Federación de CCOO del Hábitat de la Región de Murcia denuncia públicamente la situación de vulnerabilidad que atraviesan las trabajadoras del servicio de limpieza de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Yecla. Tras meses de incertidumbre y tras haber cumplido con su labor profesional, las trabajadoras se encuentran en un "limbo legal" que les impide cobrar los salarios que se les adeudan.

Aunque las trabajadoras han sido subrogadas por una nueva empresa adjudicataria del servicio —garantizando así la continuidad del servicio y de sus puestos de trabajo—, este proceso se ha convertido en una trampa administrativa. El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ha denegado el abono de los salarios impagados por TSI Levante, argumentando que, al existir una subrogación, la responsabilidad de pago no recae sobre el fondo público.

Desde CCOO del Hábitat señalamos directamente al Ayuntamiento de Yecla como responsable subsidiario y garante de un servicio público esencial. A pesar de que el Consistorio manifestó inicialmente su intención de asumir el pago de las cantidades adeudadas para subsanar el daño causado por la anterior contrata, la realidad es que el equipo de gobierno está "dando largas".

"No podemos permitir que las trabajadoras paguen los platos rotos de una mala gestión empresarial y la desidia administrativa. El Ayuntamiento dice que va a pagar, pero el dinero no llega y las facturas de estas familias no esperan", palabras de María Fernández de Maya.

Ante la falta de soluciones concretas y el agotamiento de la vía del diálogo sin resultados, las trabajadoras se han concentrado hoy, 11 de febrero, frente a las puertas del Ayuntamiento. Con esta movilización, el colectivo exige que se pase de las palabras a los hechos y que se proceda al ingreso inmediato de sus nóminas devengadas y no percibidas.

CCOO del Hábitat de Murcia advierte que no cesará en sus reivindicaciones ni en la adopción de medidas de presión hasta que la última trabajadora haya cobrado lo que por derecho y trabajo le corresponde.

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